Comisión especial del CN inicia la socialización de la nueva Ley de Adopciones

Tegucigalpa- La comisión especial del Congreso Nacional nombrada para tal fin, inició este jueves el proceso para la elaboración del dictamen y posterior discusión y aprobación de la nueva Ley de Adopciones la que estableará los mecanismos a seguir al momento de dar en adopción a un menor.
Las integrantes de la comisión especial multipartidaria se reunieron hoy con la titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Dinaf), abogada Lolis María Salas Montes para iniciar el proceso de socialización.
La presidenta de la comisión especial, diputada Sara Ismela Medina Galo, indicó que antes de emitir un dictamen sobre la iniciativa de ley, deben conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y también de los diferentes sectores involucrados en el proceso.
Indicó que la comisión hará un análisis de las recomendaciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya con respecto a ese tema.
Medina detalló que en el país no existe un marco jurídico legal que establezca claramente el proceso de adopciones ya que en la actualidad la Dinaf lo hace a través del Código de Familia.
Por su parte, la directora del Dinaf, Lolis María Salas, destacó la voluntad política y la apertura del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en aprobar esa ley que permitirá viabilizar el proceso de adopción enmarcado en una ley específica.
Agregó que la Dinaf tiene los aportes especializados y técnicos de la conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado para realizar esos procesos, al tiempo que señaló que es un esfuerzo que se inicia con una ruta de trabajo especializado, y que lo más importante es trasladar la experiencia de esa dependencia en las gestiones tanto nacionales como internacionales.
Dentro de seis meses se espera que el proyecto esté listo para ser aprobado en el Poder Legislativo, después de escuchar la opinión jurídica y de otros sectores.
La iniciativa de ley fue presentada en su momento por la exdiputada liberal por Francisco Morazán, Waldina Paz.
La comisión especial está integrada por los diputados Sara Ismelda Medina Galo quien la preside, Bernardo Enrique Yllescas, Clara María Laínez, Scherly Melissa Arriaga, Sobeyda Andino, Waleska Zelaya, Karen Ortega, Doris Gutiérrez y Olga Ayala.

CN aprueba moción para nombrar comisión que evalúe daños por lluvias en departamentos del país

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este jueves dos mociones orientadas a nombrar una comisión especial de diputados que junto a instituciones gubernamentales como la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Fondo Vial y el Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento (Idecoas), realicen una evaluación de los daños causados en las vías de comunicación por las recientes lluvias, presente un informe y se agilicen las acciones para su reparación.
Segundo debate
Por otro lado, en la sesión de este jueves se aprobó en segundo debate el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo orientado al Acuerdo Ejecutivo 014-DGAJT-C-2016, contentivo de la Convención en caso de accidentes nucleares o emergencia radiológica.
Asimismo, se aprobó en segundo debate el proyecto de decreto contentivo del Acuerdo Ejecutivo 002-DGAJT-C-2017, contentivo de la enmienda al protocolo del Convenio de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
En segundo debate también se aprobó el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo orientado al Acuerdo 31-DGTC, orientado al Acuerdo de Cooperación Económica suscrito entre las repúblicas de Honduras y Turquía el 13 de febrero de 2015 en la ciudad de Guatemala.
Correspondencia
En la sesión de este jueves se conoció como correspondencia el proyecto de decreto orientado a reformar varios artículos de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos para lo cual se nombró una comisión especial encabezada por el diputado Mario Alonso Pérez, David Guillermo Chávez, Rossel Renán Inestroza, Felicito Ávila, Nery Reyes, Mario Noé Villafranca, Carlos Ledezma y Francisco Paz. Esa misma comisión conocerá el proyecto introducido por el diputado liberal por Francisco Morazán, Mauricio Villeda, orientado a derogar toda esa ley.
Asimismo, se conoció como correspondencia el permiso solicitado por el diputado nacionalista por Cortés, Leo Yamir Valentino Castellón, quien argumentó motivos estrictamente personales y pidió que en su lugar se incorpore al diputado suplente Samir Molina Fúnez.
Otra correspondencia recibida es la enviada por el secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Octavio Pineda, quien pide que se espere un consenso para nombrar a un presidente, vicepresidente y secretario de la bancada de ese partido.
Sin embargo, el presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, explicó que históricamente ese poder del Estado reconoce como jefe de bancada al que eligen los mismos diputados y se cuenta con un acta notarial en el que 15 diputados propietarios y 17 suplentes eligieron jefe de bancada a Elvin Santos a quien la junta directiva reconoce como tal.
Proyectos y mociones
En la sesión de este jueves se aprobó una moción presentada por el diputado nacionalista por Yoro, Marco Tulio Gámez Flores, orientada a que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombre una comisión especial integrada por los nueve diputados del departamento de Yoro que se reunirán con representantes de instituciones del Estado, para hacer una evaluación de los daños causados por las lluvias, presentar un informe y agilizar las actividades de reparación y acondicionamiento de las diferentes vías terrestres.
Asimismo, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), por Colón, Pablo Ramón Soto Bonilla, presentó una moción verbal, también orientada a atender los daños provocados por las lluvias en varias comunidades de ese departamento.
En la fase de presentación de proyectos, el diputado nacionalista por El Paraíso, José Celín Discua, introdujo una iniciativa orientada a exonerar del pago por mora del servicio de agua potable y tasa de desagüe a la Iglesia Católica localizada en la colonia Bella Oriente de esta capital.
El diputado liberal por Yoro, Vivian Portillo Ramírez, presentó un proyecto orientado a crear la Ley Marco Sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), la que contiene 22 artículos orientados a prevenir males como el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas, entre otras.
De su parte, el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Rossel Renán Inestroza, presentó una iniciativa orientada a reformar 10 artículos de las disposiciones generales del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2018 a fin de agilizar las transferencias constitucionales a las municipalidades.
La diputada nacionalista por Cortés, Welsy Milena Vásquez, introdujo una iniciativa para crear la Ley Arancelaria para el Cobro de los Honorarios Profesionales de los Abogados y Notarios de Honduras.
Por su lado, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Roger Danilo Alcántara Pérez, presentó una iniciativa orientada a declarar el “Festival del Café Patepluma” de Santa Bárbara como Patrimonio Cultural de la Nación y la asignación de 250 mil lempiras anuales para su celebración.
El diputado nacionalista por Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso, introdujo una iniciativa encaminada a la creación del Colegio de Ingenieros Ambientales de Honduras y la aprobación de su Ley Orgánica.
Entretanto, el diputado nacionalista por Cortés, Allan Wilmer Aguiriano, presentó una iniciativa orientada a incluir en el Presupuesto General de la República para 2019, una partida de 20 millones de lempiras a favor de las municipalidades de Pimienta y San Manuel, Cortés, destinados exclusivamente para la pavimentación con concreto hidráulico de 4.5 kilómetros desde el municipio de San Manuel hasta la aldea de Santiago en el departamento de Pimienta.
Finalmente, el diputado de Libre por Francisco Morazán, Jorge Luis Cálix, presentó cuatro iniciativas; una para prohibir el cobro en dólares en el país y las otras tres para derogar la Ley de Secretos Oficiales, el impuesto del 1.5 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISV) y el artículo 335-B del Código Penal.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas, cerró las sesiones correspondientes a esta semana y convocó para una nueva reunión el próximo martes 13 de febrero a las 3:00 de la tarde.

Congreso Nacional comienza a discutir en primer debate Ley Nacional de Ciberseguridad

Tegucigalpa – El Congreso Nacional, comenzó a aprobar este jueves el proyecto de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, mediante el que se crea una estrategia nacional, un comité interinstitucional, un consejo de veeduría social, Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética y multas que van de 50 mil a un millón de lempiras.
En el proyecto de ley se crea el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, el cual estará integrado por las instituciones siguientes:
1) Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
2) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
3) Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.
4) Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
5) Sistema Nacional de Emergencia.
6) Ministerio Público (MP).
7) Corte Suprema de Justicia (CSJ).
8) Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
9) Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
10)Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.
11)Sistema de Administración de Rentas (SAR).
12)Registro Nacional de las Personas (RNP).
13) Instituto de la Propiedad (IP).
14) Dirección General de la Marina Mercante.
15) Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
16) Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.
17) Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP).
18) Banco Central de Honduras (BCH).
19) Secretaría de Justicia Gobernación y Descentralización.
El Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, debe formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
El comité debe elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en un plazo no mayor a seis (6) meses luego de la publicación de la presente ley y para su funcionamiento, conformará una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, como ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el comité.
Mediante la ley, también se crea el Consejo de Veeduría Social, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad pueden dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, para lo cual podrán emitir informes de seguimiento al Comité y participar en las reuniones de este cuando su participación sea solicitada por el mismo, por lo menos dos veces al año.
El Consejo de Veeduría Social estará integrado por las instituciones siguientes:
1. Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
2. Colegio de Periodistas de Honduras.
3. Colegio de Abogados de Honduras.
4. Sociedad de Internet Honduras.
5. Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL).
6. Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
7. Consejo de Educación Superior.
8. Representantes de Sociedad Civil Organizada.
9. Foro Nacional de Convergencia FONAC.
10.Asociación de Cableoperadores de Honduras.
11.Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras.
12. Representantes de la Iglesia Católica y Evangélica.
La coordinación del Consejo de Veeduría Social durará un año y será rotativa en el orden establecido en el párrafo anterior. El funcionamiento del Consejo de Veeduría Social, será conforme al reglamento especial que para tal efecto, como consejo aprueben.
Asimismo, se crea el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, como una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, el cual, dentro de otras funciones que se le asignen, se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.
El proyecto de ley también establece sanciones que consisten en multas que van desde los 50 mil a un millón de lempiras hasta la suspensión y bloqueo del sitio, conforme al reglamento que para tales efectos se establezca.

DICTAMEN LEY DE CIBERSEGURIDAD I

Federaciones de patronatos respaldan aprobación de Ley de Ciberseguridad

Tegucigalpa – Las organizaciones de patronatos de Honduras ofrecieron este jueves su respaldo a la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, que se comenzará a discutir y aprobar en la Cámara Legislativa después del trabajo realizado por la comisión especial de dictamen que ha socializado el proyecto con diversas organizaciones involucradas.
La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), manifestó que esa organización admite su interés de vigilar que el derecho individual no sea violentado a través de los sistemas de información cibernética que en países desarrollados como Estados Unidos donde han derivado hasta en “masacres”.
La dirigente de la Conafeph, Dinora Aceituno, apuntó que los hondureños necesitan tener paz, respeto con la permanencia de la libertad de prensa y libre expresión sin limitar el derecho individual del ser humano.
Luego de reunirse con los miembros de la comisión especial de dictamen del Congreso Nacional que socializa la normativa, Aceituno detalló que la participación de este día, fue para conocer el anteproyecto de ley, los alcances y la importancia del mismo.
Reiteró que el dictamen puede tener modificaciones y cambios, o anexos que puede hacer la comisión al final de la redacción, pero que la Conafeph es garante del derecho individual de los hondureños y de la libertad de expresión.
Entretanto, el dirigente de esa misma organización, Carlos Márquez, consideró que el país debe contar con normativas para el buen convivir en el país y la juventud debe comprender que hay problemas de odio que incluso han llevado personas al suicidio porque las han denigrado por lo que esperan que las normativas se cumplan a través de esa ley.
Asimismo, el director de la organización Gobierno Digital, Nahúm Ortiz, manifestó que la socialización de esta ley está en el mejor momento en el aspecto social y político.
Destacó que en el proyecto se establece la creación de un comité interinstitucional de ciberseguridad que es tan necesario dado a la incidencia de delitos cibernéticos que el país está enfrentando durante los 10 últimos años.
Agregó que la creación del comité de ciberseguridad permitirá a las personas tener un mejor acceso a recurso entrenado, así como a un mejor sistema de información, pero aclaró que no se trata de coartar la libertad de expresión sino el control sobre aquellas personas que delinquen utilizando los medios sociales electrónicos para dañar la dignidad humana.
Por su lado, el diputado liberal por el departamento de Islas de la bahía y miembro de la comisión de dictamen, Ron McNab, informó que el proyecto de ley podría presentarse al pleno de la Cámara Legislativa en su primer debate después de concluir la socialización con diversos sectores.

DICTAMEN

HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
Los suscritos, miembros de la COMISIÓN ESPECIAL designados por el Señor Presidente del Congreso Nacional, para Dictaminar la Iniciativa de Ley presentada por el Honorable Diputado MARCOS BERTILIO PAZ SABILLÓN, por medio de la cual se busca la aprobación de la LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PREVENIR LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERNET, en cumplimiento a lo ordenado y de conformidad con el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos pronunciamos de la manera siguiente:

PRIMERO: Esta Comisión Especial procedió analizar los argumentos expuestos por el Proyectista que justifican la necesidad de la aprobación de la LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PREVENIR LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERNET, quien indica que “el creciente uso de las redes sociales y de las denominadas plataformas de Internet, permite a sus usuarios la interconexión inmediata y constante con otras personas, entre las que se incluyen familiares, amigos, colegas, entre otros, así como con otras personas, que en muchas ocasiones son desconocidas”.

Argumenta que, además de los efectos positivos que el uso de internet brinda a la sociedad, a través de la red los ciudadanos “pueden ser víctimas de actos de discriminación o delitos de odio, inclusive injuria o difamación, u otros delitos contra la seguridad pública, siendo imperativo implementar un mecanismo jurídico para regular el manejo de información en redes sociales, debiendo establecer obligaciones para los dueños o administradores de sitios Web para la prevención y el combate a toda forma de discriminación, delitos de odio, u otros delitos”, puesto que constituyen una amenaza para la convivencia pacífica de los ciudadanos.

SEGUNDO: La Comisión de Dictamen procedió hacer un análisis del Contenido de la propuesta en relación la normativa interna y a la contenida en Convenios Internacionales de los cuales Honduras es parte.

Asimismo, la Comisión realizó diversas actividades de Consulta con sectores que estarían vinculados directamente con la aplicación de la normativa propuesta, dentro de los cuales se destaca: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); Directores de Medios de Comunicación, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Empresas Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, representantes del Consejo Universitario, Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL), Confraternidad Evangélica de Honduras, Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH), entre otros, cuyas opiniones fueron valoradas en la elaboración del presente Dictamen.

TERCERO: Luego de realizados los estudios y consultas relacionadas, esta Comisión comparte el argumento expuesto por el Proyectista al señalar que el avance en el intercambio de la información a través de Internet podría afectar a las personas, existiendo la probabilidad de llegar a ser víctimas de prácticas ilícitas que se realizan en la red, por ende es necesaria la existencia de medidas que garanticen el manejo adecuado de información en redes sociales, para la prevención y el combate a toda forma de discriminación, delitos de odio, u otros delitos contenidos en el Código Penal.
Sin embargo, la Comisión considera que para que el Proyecto cumpla de manera más eficaz, los objetivos previstos por el Proyectista, y dé una respuesta más integral a la protección de derechos en el mundo digital, y sustentándose en los estudios realizados, así como en la valoración de las sugerencias de los sectores consultados, es preciso realizar algunos ajustes, en los puntos siguientes:
1. Para dar una respuesta más integral a la problemática que actualmente afronta nuestra sociedad, básicamente por la ausencia de normativa del mundo digital y herramientas tanto logísticas como de capacidades técnicas y humanas, se debe redefinir el enfoque de la iniciativa presentada por el Honorable Diputado MARCOS BERTILIO PAZ SABILLÓN, a fin de ampliar el mismo con la implementación de la ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, para lo cual se debe crear el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, quien se encargará de formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, lo cual además de garantizar el cumplimiento de esta Ley, irá en armonía con la recién implementación en el nuevo Código Penal de los delitos referentes a la SEGURIDAD DE LAS REDES Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
2. La Comisión consideró oportuno además la modificación de la denominación de la Ley, a fin de armonizar dicha denominación con el nuevo enfoque se propone, haciendo referencia a la implementación DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
3. Dada la finalidad especializada del Consejo Nacional de Ciberseguridad, las competencias que en el Proyecto se le concedían a CONATEL, se le asignan a la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad.
4. La Comisión consideró a bien, incluir un nuevo Artículo en el que se contengan ciertas definiciones, a efecto de determinar con mayor precisión, algunos de los conceptos a que la misma hace referencia, evitando así ambigüedades o dificultades para su puesta en práctica consecuencia de complicaciones de interpretación.
5. Asimismo, la Comisión, señala de manera precisa los delitos del Código Penal, que pueden fundar a los ciudadanos a solicitar a los administradores de sitios Web la remoción de determinados contenidos.

Por todo lo antes expuesto y considerando la importancia de este Proyecto de Ley, esta Comisión Especial emite OPINIÓN FAVORABLE, sobre el Proyecto de Ley presentado por el Honorable Diputado MARCOS BERTILIO PAZ SABILLÓN, con las modificaciones incluidas en el Documento Adjunto referentes a la elaboración DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERNET, sobre las cuales el Proyectista ha manifestado su anuencia. Por lo que esta Comisión recomienda su aprobación, salvo mejor criterio de este Honorable Pleno.
Asimismo, la Comisión recomienda que se inicien las acciones por parte del Poder Ejecutivo para la adhesión de Honduras al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de Budapest de fecha 23 de noviembre del año 2001, en el cual se establece la necesidad de aplicar, con carácter prioritario una política común con objeto de proteger a la sociedad frente a la Ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la Cooperación Internacional.

Tegucigalpa MDC, 8 de febrero de 2018

COMISIÓN ESPECIAL

GERARDO TULIO MARTÍNEZ PINEDA
(Presidente)

FELICITO ÁVILA ORDOÑEZ JOHANA GUICEL BERMÚDEZ

NELSON JAVIER MARQUEZ RONNIE RICHARD MCNAB

IRMA AÍDA REYES COELLO MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ

DECRETO No.

ELCONGRESO NACIONAL:

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece en su Artículo 59 “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado… La dignidad del ser humano es inviolable”.
CONSIDERANDO: Que el uso de las tecnologías de la Información y las comunicaciones trae consigo cambios y retos permanentes y se constituye como uno de los pilares del mundo globalizado, de manera simultánea el avance de estas tecnologías ha incrementado el uso de medios tecnológicos con fines delictivos alrededor del mundo.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras requiere conocer y actuar de una forma integral frente a las amenazas informáticas, siendo necesario contar con una estrategia de incluya la creación de instancias adecuadas que permitan ejercer una labor de ciberseguridad y ciberdefensa frente a cualquier amenaza o incidente informático que pueda comprometer información, afectar la infraestructura critica del país y poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado y de las personas naturales y jurídicas. La adopción de una política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa que involucre a todos los sectores de la sociedad en coordinación con las entidades del Estado;

CONSIDERANDO: Que el Artículo 76 de la Constitución de la República se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen;

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su Artículo 60 señala que “se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”;

CONSIDERANDO: Que en la actualidad las tecnologías de la información consisten en un componente primordial de la civilización, permitiendo el intercambio de información, la autoeducación, el comercio internacional, la comunicación instantánea, entre otros; sin embargo, las manifestaciones de odio y discriminación también se identifican el contenido de la red. Así las redes sociales no son ajenas a expresiones de este tipo, correspondiendo a los Estados regularizar estos presupuestos de hecho;

CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO:

DECRETA:

LEY NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN INTERNET
Y REDES SOCIALES

CAPÍTULO I
ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

ARTÍCULO 1.- ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. Crease el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, el cual estará integrado por las instituciones siguientes:
1) Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
2) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
3) Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.
4) Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
5) Sistema Nacional de Emergencia.
6) Ministerio Público (MP).
7) Corte Suprema de Justicia (CSJ).
8) Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
9) Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
10)Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.
11)Sistema de Administración de Rentas (SAR).
12)Registro Nacional de las Personas (RNP).
13) Instituto de la Propiedad (IP).
14) Dirección General de la Marina Mercante.
15) Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
16) Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.
17) Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP).
18) Banco Central de Honduras (BCH).
19) Secretaría de Justicia Gobernación y Descentralización.

El Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, debe formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

El Comité debe elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en un plazo no mayor a seis (6) meses luego de la publicación de la presente Ley.

Para su funcionamiento el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, conformará una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, como ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el Comité.

ARTÍCULO 2.- CONSEJO DE VEEDURÍA SOCIAL. Crease el Consejo de Veeduría Social, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad pueden dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, para lo cual podrán emitir informes de seguimiento al Comité y participar en las reuniones de este cuando su participación sea solicitada por el mismo, por lo menos 2 veces al año.

El Consejo de Veeduría Social estará integrado por las instituciones siguientes:
1. Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
2. Colegio de Periodistas de Honduras.
3. Colegio de Abogados de Honduras.
4. Sociedad de Internet Honduras.
5. Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL).
6. Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
7. Representantes de las Universidades del país.
8. Representantes de Sociedad Civil Organizada.
9. Foro Nacional de Convergencia FONAC.
10.Asociación de Cableoperadores de Honduras.
11.Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras.

La coordinación del Consejo de Veeduría Social durará un año y será rotativa en el orden establecido en el párrafo anterior.

El funcionamiento del Consejo de Veeduría Social, será conforme al reglamento especial que para tal efecto, como Consejo aprueben.

ARTÍCULO 3.- CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENCIA CIBERNÉTICA. Crease el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, como una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, el cual, dentro de otras funciones que se le asignen, se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.

CAPÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN INTERNET
Y REDES SOCIALES

ARTÍCULO 4.- DEFINICIONES.- Para los efectos de este Capítulo se entiende por:
1. INCITACIÓN O DISCURSO DE ODIO: Acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un discurso, cargado de connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad y seguridad de las personas, y que es propagado con intención maligna para incitar al interlocutor, o lector, a que lleve a cabo acciones destructivas en contra de una persona.
2. INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN: Acto que incite a la segregación a partir de un criterio o criterios determinados ya sea por razón social, racial, religiosa, ideológica, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil, discapacidad, orientado a lesionar su dignidad o generar violencia.
3. CONTENIDO ILEGAL: Publicación hecha en un sitio Web, constitutiva de incitación o discurso de odio, discriminación o de las figuras delictivas de injuria; calumnia; ciberterrorismo o terrorismo electrónico; incitación a la discriminación; producción y utilización de pornografía infantil; suplantación de identidad; y, amenazas, conforme a las definiciones que para ellos establezca el Código Penal, así como Bullying Cibernético conforme a lo establecido en el Decreto 96-2014, de fecha 22 de octubre de 2014 que contiene la Ley contra el Acoso Escolar.
ARTÍCULO 5.- DENUNCIAS. Las denuncias podrán ser interpuestas tanto por la víctima directamente ofendida o afectada como por un tercero que justifique interés directo por considerar que el contenido ilegal de una publicación hecha en un sitio Web le perjudica.

ARTÍCULO 6.- PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR CONTENIDO ILEGAL. Los administradores de sitios Web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, deberán contar con un proceso accesible para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal, que conforme al Artículo 1 de la presente Ley, presenten los ciudadanos.

El procedimiento que se establezca para la tramitación de las denuncias deberá garantizar mecanismos accesibles de denuncia y una fecha límite para la resolución de la queja. El tiempo transcurrido entre la recepción del reclamo y la supresión o bloqueo de los contenidos ilícitos no debe ser superior a 24 horas, en casos debidamente justificados podrá extenderse dicho plazo, pero en ningún caso debe ser superior siete días luego de recibir la queja, debiendo informar inmediatamente, a quien efectuó la queja y al usuario que subió los contenidos, cualquier decisión y sus justificaciones.

En el caso de remoción, el contenido debe ser asegurado para propósito de prueba en caso de que la persona agraviada decida proceder penalmente conforme a lo dispuesto en el Código Penal y Procesal Penal contra la persona que expresó el contenido ilícito o suplantó la identidad.

Cuando se trate de sitios Web que no tienen representación en el país la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad debe hacer las coordinaciones pertinentes para el aseguramiento del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo.

Los proveedores de Servicios de Internet deben mantener un registro de las direcciones IP asignadas a los usuarios finales por un periodo de treinta días.

ARTÍCULO 7.- DENUNCIAS ANTE EL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENCIA CIBERNÉTICA. Las personas afectadas por un contenido ilícito, podrán denunciar a los administradores de sitios Web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, ante el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, cuando estos no atendieren las denuncias formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal.

ARTÍCULO 8.- SANCIONES. La Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad será la autoridad administrativa competente para el juzgamiento y sanción de las faltas administrativas por no atender las denuncias formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal.

Las sanciones serán de multa de CINCUENTA MIL (L.50,000) a UN MILLÓN (L.1,000,000) DE LEMPIRAS hasta la SUSPENSIÓN y BLOQUEO DEL SITIO, conforme al reglamento que para tales efectos se establezca.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 9.- REGLAMENTO. La Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad establecerá dentro de 60 días luego de la publicación de la presente Ley, el reglamento de la misma en el que se establecerán el procedimiento sancionador y las sanciones administrativas de suspensión y bloqueo del servicio que de acuerdo a la infracción corresponda a administradores de sitios Web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, por no atender las denuncias o no contar con un procedimiento para atender las denuncias de los afectados.

ARTÍCULO 10.- PRESUPUESTO. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, debe establecer una partida presupuestaria, para la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en base al presupuesto aprobado anualmente por el Congreso Nacional.

ARTÍCULO 11.- VIGENCIA. El presente Decreto entra en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial “LA GACETA”.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los días del mes de dos mil dieciocho.

MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE

JOSÉ TOMAS ZAMBRANO
SECRETARIO SALVADOR VALERIANO PINEDA
SECRETARIO

Con ley marco de vivienda que aprobará el CN, hondureños ya no pagarán alquiler

Tegucigalpa- Con la Ley Marco de Vivienda e Inclusión Social que fue entregada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández durante su toma de posesión el pasado 27 de enero, los hondureños de menores ingresos ya no tendrán que pagar alquiler y contarán con una casa digna con las facilidades que se ofrecerán mediante esta iniciativa.

Así lo aseveró el presidente de la comisión especial de dictamen, diputado David Chávez, quien indicó que han sostenido reuniones con representantes del sector privado que se dedica a desarrollar proyectos habitacionales para socializar la ley cuyo espíritu es la construcción de 10 mil casas anuales, lo que de paso va a servir para generar unos 100 mil empleos directos y 200 mil indirectos.

“Esta es la oportunidad para que el hondureño deje de pagar lo que se le denomina la renta y empiece a pagar su propia casa para lo que el gobierno ha puesto a disposición del pueblo hondureño lo que se denomina como la prima de la vivienda y el ciudadano que adquiera la vivienda únicamente va a empezar a pagar la cuota mensual”, explicó Chávez quien aseveró que hay interés de la banca privada para financiar los proyectos.

Resaltó el compromiso del gobierno en desarrollar esos proyectos habitacionales en los que la banca privada va a jugar un papel fundamental en el tema de la intermediación y subsidiará para dejar de manera fija una tasa de interés de 8.75 por ciento anual por siete años.

Por su parte, el desarrollador privado ingeniero Héctor Briceño, afirmó que como empresario constructores están apoyando la propuesta del presidente Hernández porque además de ser innovadora, tiene un calificativo que no se había dado hasta ahora y es que es un proyecto incluyente que ya está llegando al sector social que más necesita, con una propuesta bien clara.

Refirió que además de no pagar prima, miles de familias en Honduras que no han podido comprar su casa porque no cuentan con el ahorro para eso, ahora podrán adquirir su casa solamente con su cuota sin el pago de la prima.

Detalló que la ley tiene componentes importantes como una baja tasa de interés de 8.7 por ciento y lo que se busca con eso, es tener una cuota accesible de tres mil a cinco mil 500 lempiras para personas con dos salarios mínimos por lo que es viable.

Otro punto es que se está dejando recursos sostenibles a través de una ley de viviendas que no se había tenido en el país, por lo que se puede tener posibilidad y permanencia en el tema de recursos y política a nivel nacional.

Por su lado, Jorge Salomón, desarrollador privado de proyectos y representante de la banca privada, manifestó que las instituciones financieras están apoyando los programas de vivienda impulsados por el gobierno de la República porque conocen de la importancia que es para el pueblo de Honduras, y en ese sentido, están respaldando este proyecto porque todas las condiciones financieras finales que da el gobierno serán respaldada por los bancos.

“Esperamos que esto ayude a desarrollar y que cada hondureño tenga acceso a su casa y llegar a la meta de las 10 mil viviendas al año”, resaltó.

Agregó que la idea es que sea una tasa de interés directa del 8.7 por ciento para el usuario final desde el inicio, pero serán reguladas a través de un reglamento de la Ley de Vivienda que se sostendrá por muchos años y que la población pueda gozar de sus beneficios.

Para la próxima semana, la comisión especial espera introducir el proyecto de la Ley Marco de Vivienda e Inclusión Social a la Cámara Legislativa para su discusión y aprobación.

CN aprueba decreto para el mejoramiento de la red vial e infraestructura de Islas de la Bahía

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles, con dispensa de dos debates y con el apoyo de todas las bancadas, un decreto mediante el cual se viabilizará el mejoramiento de la red vial y otras obras de infraestructura en el archipiélago de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras.
El decreto orientado a reformar por adición el artículo tres del decreto 62-2017, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas a hacer las reservas presupuestarias del Presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), se haga la reducción anual por 10 años consecutivos a partir del año 2018 por un monto de 50 millones de lempiras exactos.
Asimismo, se autoriza para que la recaudación anual por concepto de la Tasa Turística que reporte el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), se haga deducción anual por 10 años consecutivos a partir de 2018 por un monto de 20 millones de lempiras exactos y autorizar a la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur), a incorporar la cantidad de siete millones de lempiras exactos anual por un periodo de 10 años consecutivos a partir del año 2018.
Con este proyecto se reforma otro decreto aprobado el año pasado por un monto de 30 millones de lempiras para mejorar 76 kilómetros de calles, así como otro tipo de infraestructura del departamento de Islas de la Bahía; pero ahora se amplía el monto a 50 millones de lempiras, 30 millones de lempiras serán invertidos en Roatán y 20 millones de lempiras en Guanaja donde se mejorará la pista de aterrizaje.
Último debate
En tercer y último debate se aprobó el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que contiene el acuerdo 003 – DGTC, orientado a la modificación del convenio que crea la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
En la aprobación de estos decretos participaron en la sesión, el vicecanciller José Isaías Barahona y los asesores Emilson Durón y Tania Marcelo, quienes explicaron los alcances de los convenios enviados por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quienes explicaron que ahora se ha incorporado a la organización a los países del Caribe por lo que su nombre ahora es OLACDE.
En tercer y último debate se conoció en todas y el Acuerdo Ejecutivo 0013-DGTC-2016, contentivo del acuerdo entre el gobierno de la República de Honduras y Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas), sobre los privilegios e inmunidades del Green Climate Fund, sin embargo, la aprobación fue suspendida.
Asimismo, en tercer y último debate se aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo orientada al ascenso del capitán de Infantería Charles Menagen Calderón Henly al grado de mayor de las armas de infantería.
Segundo debate
En segundo debate se aprobó este miércoles el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo orientado al Acuerdo 003 DGAJT-C que contiene el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Ambiente Marino en la Región del Gran Caribe, Convenio de Cartagena y sus tres protocolos.
Igualmente, en segundo debate se aprobó el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional que contiene el Acuerdo 06-DGAJTC relativo el “Protocolo Relativo a una enmienda al artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago).
También se aprobó en segundo debate el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo, orientado al Acuerdo Ejecutivo 09-DGAJT-C-2016, contentivo del acuerdo entre la República de Honduras y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En segundo debate se aprobó el proyecto de decreto orientado a aprobar los ascensos de los generales de brigada René Orlando Ponce Fonseca, Reynel Enrique Fúnez Ponce, Edgar Wilfredo Caballero Espinoza, José Armando Fuentes Espinoza al grado de general de división.
Asimismo, mediante el decreto se asciende a los coroneles de infantería DEM Germán Antonio Alfaro Escalante, Ramiro Aurelio Archaga Paz, Orlando Francisco García Maradiaga y Tito Livio Moreno Coello y coroneles de caballería DEM Porfirio Antonio Moreno Zavala y Germán Velásquez Moreno y coronel de comunicaciones DEM, José Ernesto Leva Bulnes, al grado de general de brigada o su equivalente.
Asimismo, se aprobó en segundo debate el proyecto de decreto presentado a la consideración del pleno del Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo orientado al Acuerdo 22 DGTC contentivo del convenio entre las repúblicas de México y Honduras sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros.
Primer debate
En la sesión de este miércoles se aprobó en primer debate el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo que contiene la Ley de Trabajo Doméstico que regirá la relación laboral entre los trabajadores domésticos y los patronos que presenten tareas en las casas.
En primer debate se aprobó en todas y cada una de sus partes el Acuerdo 29. DGTC enviado por el Poder Ejecutivo y que contiene el Convenio sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Área del Caribe.
Asimismo, se aprobó en primer debate Acuerdo 04-DGAJT-C-2016 que contiene el Convenio Sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. La Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares es un tratado del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1986 por el que los Estados firmantes están de acuerdo en dar notificación de cualquier accidente nuclear que tenga lugar dentro de su jurisdicción y que pudiera afectar a terceros estados.
Iniciativas de ley
En la etapa de presentación de proyectos, el diputado liberal por Cortés, Ángel Darío Banegas, presentó una iniciativa encaminada a crear un Centro Universitario Regional en Santa Cruz de Yojoa, el que servirá para favorecer a los estudiantes del cono sur del departamento de Cortés para lo cual se autoriza a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para establecer y operar dicho centro regional.
La diputada nacionalista por Cortés, Welsy Milena Vásquez, introdujo un proyecto encaminado a declarar tema de interés público la violencia doméstica, el que también se incluirá en el currículo nacional básico de la Secretaría de Educación.
El diputado liberal por Cortés, Harry Stephen Panting Zelaya, presentó un proyecto de decreto orientado a reformar número uno del decreto 65-2015, que ahora señalará que se autoriza a la municipalidad de Puerto Cortés a incorporar al patrimonio del fideicomiso denominado “Ejecución de Obras de Infraestructura y Servicios Públicos en la República de Honduras”, contenido en el decreto 369-2013, los fondos municipales provenientes de la totalidad de los ingresos que por concepto de canon de arrendamiento y trasferencias que percibe dicha municipalidad de la sociedad Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), los que serán incorporados por un período del tiempo de la vigencia del fideicomiso.
De su parte, el diputado nacionalista por Yoro, Milton de Jesús Puerto Oseguera, introdujo una iniciativa orientada a que Insep realice los estudios y diseños para construir un puente definitivo que una a los municipios de Olanchito y Arenales donde se está construyendo la represa hidroeléctrica Yagual, la segunda más grande de Honduras a un costo de cuatro mil millones de lempiras.
El diputado nacionalista por Cortés, Alberto Chedrani Castañeda, presentó una iniciativa orientada a incorporar en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2019, una partida de 150 millones de lempiras a favor de Insep para la rehabilitación de 32 kilómetros de carretera con cemento hidráulico desde el desvío de La Guama hasta el desvío de El Caracol en la carretera CA-5 la que servirá para varios municipios del departamento de Cortés.
Por su lado, el diputado de Unificación Democrática (UD), Mario Noé Villafranca, introdujo una iniciativa orientada a ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para hacer una consulta popular bajo la modalidad de plebiscito en la que se consultará al pueblo si ¿está de acuerdo con la reelección presidencial?, a lo que deberán responder A) No y B) Si a) un período continuo, b) un período alterno y c) indefinida.
El diputado liberal por Francisco Morazán, Mauricio Villeda, presentó un proyecto de ley encaminado a derogar el decreto 418-2013 que contiene la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, iniciativa que será turnada a la comisión que dictamina otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo encaminado a reformar artículos de esa misma normativa conocida también como Ley de Secretos Oficiales y que encabeza el diputado Mario Alonso Pérez López.
Finalmente, el diputado liberal por Yoro, Juan Pompilio Tejeda Duarte, presentó una moción orientada a que en las comisiones ordinarias o especiales se nombre una que se encargue de los asuntos culturales y artísticos, sin embargo, aunque la misma fue tomada en consideración no se aprobó ya que para introducir una nueva comisión se necesita reformar la Ley Orgánica del Congreso Nacional para lo cual se requiere de mayoría calificada de 86 votos y en consecuencia se dará más pensamiento a la moción.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana a las 10:00 de la mañana.