Ley Nacional de Ciberseguridad no se aprobará hasta escuchar a todos los sectores: Mauricio Oliva

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, afirmó este lunes a través de sus redes sociales que la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, no se aprobará hasta escuchar a todos los sectores de la sociedad hondureña.
“La Ley Nacional de Ciberseguridad NO se aprobará hasta que se escuche a todos los sectores de la sociedad y que la Comisión de Dictamen tome sugerencias e ideas para mejorarla”, posteó Oliva en su cuenta de Twitter @DrMauriciolivaH
En el tuit Oliva destaca que ese es un tema de suma importancia y por eso todos deben aportar.
La comisión de dictamen ya ha socializado el proyecto de ley con organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), las iglesias evangélica y católica, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones, Asociaciones de Sistemas de Cable de Honduras, operadores de Internet, medios de comunicación, federaciones de patronatos y gobierno digital, entre otros.
Asimismo, para esta semana los miembros de la comisión de dictamen que preside el diputado Gerardo Martínez, tiene programado reunirse con representantes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Asociación de Prensa Hondureña (APH), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), entre otras organizaciones.

Al menos 14 países de la OEA ya cuentan con Estrategia Nacional de Ciberseguridad que en Honduras algunos sectores critican

Tegucigalpa – El director de Servicios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Alejandro Rosales, reveló en las últimas horas que más de 14 países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), ya cuentan con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como la que se pretende crear en Honduras por el Congreso Nacional.
En una comparecencia en el programa 30-30, Rosales explicó que está medida no es nueva en el mundo, ya que desde el año 2006 todos los países están tomando precauciones sobre la información que se mueve en el ciberespacio, ya que desde ahí se cometen todo tipo de delitos, y con ello no se está poniendo en peligro la libertad de prensa o de expresión, como se crítica en Honduras.
Advirtió que Honduras está expuesta en este momento a cualquier tipo de delito cibernético y en 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la OEA, hicieron un estudio regional sobre cómo estaban los países asociados a ese organismo hemisférico en cuanto a la ciberseguridad.
En ese sentido, en lo que se refiere al capítulo de Honduras, el estudio señala que a falta de una política nacional de seguridad cibernética o un equipo de respuesta a incidentes, el gobierno de Honduras tiene una capacidad limitada para abordar de manera proactiva las amenazas a su seguridad cibernética.
Dijo que además de los espacios terrestres, marítimo y aéreo, Honduras cuenta con un espacio cibernético, lo que existe desde hace varios años en el país y le corresponde al Estado le corresponde la obligación de poner las leyes y las reglas de cómo se va a trabajar para defender el ciberespacio.
Refirió que el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad que se establece en el proyecto de la ley, se crea para que las instituciones que lo conforman aporten a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad ya que se encuentran representados el regulador de las telecomunicaciones, el regulador de la banca y del sector eléctrico, entre otros.
“Esto no comenzó ayer, comenzó hace cuatro años cuando la fiscal de la Niñez, se sentó frente a mi oficina, me tiró unos papeles y me dijo: ingeniero qué hago con esto y le pregunté: fiscal qué es lo que usted tiene ahí, no sé, es una mafia de pornografía en Honduras y con esta información me han llegado y yo no sé qué hacer con ella”, relató el funcionario.
Añadió que tomó esa información y lo que la fiscal tenía eran direcciones IP públicas de Honduras de dónde se estaba generando el contenido que estaban enviando a una mafia a Francia para vender fotos de niños hondureños que estaban siendo abusados en pornografía infantil.
Rosales enfatizó que el proyecto de ley que se discute actualmente, no tiene nada que ver con coartar la libertad de expresión o la libre emisión del pensamiento y los delitos cibernéticos que se cometen a través de las redes sociales son minúsculos en comparación con otros delitos que están ocurriendo en el país como el delito financiero.
“En qué consiste la ley entonces, es agarrar a todas esas instituciones es proteger la infraestructura crítica del país; si acaso alguien se mete en el servidor de la Secretaría de Finanzas y apaga el servidor y nos los secuestran, necesitamos tres mil bitcoins para regresar la información que ahí está, un bitcoin cuesta mil 800 dólares”, ilustró.
Preguntó que en caso que se secuestre toda la información de las instituciones del Estado, “quién va a investigar esa dirección, dónde está ese hacker; ahorita no tenemos a nadie y en Conatel hemos podido ayudar a la fiscal, que ahora es una gran amiga mía y lo hemos continuado haciendo calladitos sin hacer mucha bulla, hasta que resaltó esa ley ahora en el Congreso”.
Aseveró que en la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se tendrá con el apoyo de la OEA, que vendrá al país para dar el asesoramiento de cómo hacerlo con el fin de “tropicalizar”, la estrategia para que sea hondureña y no copiada de otros países.

Ley Nacional de Ciberseguridad no crea ningún nuevo delito ni establece sanciones a usuarios de redes

Tegucigalpa – El dictamen de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, que se leyó en primer debate en el Congreso Nacional, no crea ningún nuevo delito ni se establecen sanciones o multas a usuarios de redes sociales.
En el proyecto de ley solamente se crea un organismo que aplicará lo que ya está tipificado en el Código Penal sobre injurias, calumnias, suplantación de identidad y demás ciberdelitos a través de la Internet.
En el proyecto de ley se crea el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, el cual estará integrado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Sistema Nacional de Emergencia, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Asimismo, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Derechos Humanos, Sistema de Administración de Rentas (SAR), Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto de la Propiedad (IP), Dirección General de la Marina Mercante, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Banco Central de Honduras (BCH), y la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización.
Ese Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, debe formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, según el anteproyecto.
El comité también debe elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en un plazo no mayor a seis meses luego de la publicación de la presente ley y para su funcionamiento, conformará una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, como ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el comité.
Mediante la ley, también se crea el Consejo de Veeduría Social, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad pueden dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, para lo cual podrán emitir informes de seguimiento al Comité y participar en las reuniones de este cuando su participación sea solicitada por el mismo, por lo menos dos veces al año.
El Consejo de Veeduría Social estará integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras, Sociedad de Internet Honduras, Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (Asetel), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo de Educación Superior, representantes de sociedad civil organizada, Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Asociación de Cableoperadores de Honduras, Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras y representantes de las iglesias Católica y Evangélica.
La coordinación del Consejo de Veeduría Social durará un año y será rotativa en el orden establecido en el párrafo anterior. El funcionamiento del Consejo de Veeduría Social será conforme al reglamento especial que para tal efecto, como consejo aprueben.
Asimismo, se crea el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, como una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, el cual, dentro de otras funciones que se le asignen, se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.