Ley Nacional de Ciberseguridad no crea ningún nuevo delito ni establece sanciones a usuarios de redes

Tegucigalpa – El dictamen de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, que se leyó en primer debate en el Congreso Nacional, no crea ningún nuevo delito ni se establecen sanciones o multas a usuarios de redes sociales.
En el proyecto de ley solamente se crea un organismo que aplicará lo que ya está tipificado en el Código Penal sobre injurias, calumnias, suplantación de identidad y demás ciberdelitos a través de la Internet.
En el proyecto de ley se crea el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, el cual estará integrado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Sistema Nacional de Emergencia, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Asimismo, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Derechos Humanos, Sistema de Administración de Rentas (SAR), Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto de la Propiedad (IP), Dirección General de la Marina Mercante, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Banco Central de Honduras (BCH), y la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización.
Ese Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, debe formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, según el anteproyecto.
El comité también debe elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en un plazo no mayor a seis meses luego de la publicación de la presente ley y para su funcionamiento, conformará una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, como ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el comité.
Mediante la ley, también se crea el Consejo de Veeduría Social, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad pueden dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, para lo cual podrán emitir informes de seguimiento al Comité y participar en las reuniones de este cuando su participación sea solicitada por el mismo, por lo menos dos veces al año.
El Consejo de Veeduría Social estará integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras, Sociedad de Internet Honduras, Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (Asetel), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo de Educación Superior, representantes de sociedad civil organizada, Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Asociación de Cableoperadores de Honduras, Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras y representantes de las iglesias Católica y Evangélica.
La coordinación del Consejo de Veeduría Social durará un año y será rotativa en el orden establecido en el párrafo anterior. El funcionamiento del Consejo de Veeduría Social será conforme al reglamento especial que para tal efecto, como consejo aprueben.
Asimismo, se crea el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, como una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, el cual, dentro de otras funciones que se le asignen, se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.

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