CN nombra Comisión Especial Multipartidaria para dictaminar la Ley de Colaboración Efica

CN nombra Comisión Especial Multipartidaria para dictaminar la Ley de Colaboración Efica

*El proyecto de decreto fue enviado al Pleno del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo.

El Congreso Nacional, nombró este martes una Comisión Especial Multipartidaria para dictaminar el proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz, la cual será utilizada para combatir la corrupción en el país.

El proyecto de decreto fue enviado al Pleno del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo.

La Comisión Especial será presidida por el diputado Mario Pérez (PN), quien estará acompañado de los congresistas; Rolando Bubón Bueso (PN), Yuri Sabas (PL), Edgardo Casaña (Libre), Francisco Rivera (PN), Felícito Ávila (DC), Dunia Ortiz (AP), Raúl Bulnes (PN) y Nery Reyes (PL).

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó que “Este proyecto de Ley también ha sido impulsado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)”.

Por instrucciones del titular del Poder Legislativo se nombró a esta Comisión Especial Multipartidaria –agregó-, para conocer esta iniciativa de ley y la realización de la socialización con los diferentes operadores de justicia.

De su lado, la MACCIH a inicios del 2019 explicó que “La presente Ley tiene como objeto regular los procedimientos, requisitos, circunstancias y beneficios que podrán gozar todas aquellas personas en libertad procesadas o sentenciadas”.

La evolución del crimen organizado y la corrupción estructural revela la complejidad de las estructuras delictivas y sus operaciones –señala.

Según la MACCIH, la lucha contra estos fenómenos delincuenciales requiere de decisiones firmes y estratégicas, de herramientas más poderosas y de operadores de justica con mayores facultades.

Por lo que se aplicarán penas atenuadas a cambio de la entrega de información relevante, oportuna y verificable, que conduzca a mejorar la eficacia de la persecución, sobre todo, de organizaciones criminales.

El Estado debe prever los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar la seguridad de la persona que informa de un delito de naturaleza compleja.